La CPI informó que «los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022«.
«Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos», informaron.
La CPI también emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.
«La Sala de Cuestiones Preliminares II consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos», informó la CPI en un comunicado.
La Corte Penal Internacional investiga y, cuando se justifica, enjuicia a las personas acusadas de crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
Días atrás, al conocerse los primeros informes y órdenes de arresto de la CPI, el Gobierno ruso avisó que no reconoce la jurisdicción de ese tribunal. «Nosotros no reconocemos este tribunal; no reconocemos su jurisdicción”, dijo el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, a los periodistas en Moscú.
